La Organización Mundial de la Salud (OMS) dio a conocer el 23 de marzo una Guía dirigida a los Estados en la que recomienda tomar una serie de medidas para abordar la crisis del Covid-19 dentro de los establecimientos penitenciarios.
“El esfuerzo mundial para hacer frente a la propagación de la enfermedad puede fracasar si no se presta la debida atención a las medidas de control de la infección dentro de las cárceles”, afirma la OMS. Y, entre las que entiende que deben ser adoptadas de inmediato, destaca “la valoración cuidadosa del posible recurso a medidas no privativas de libertad en todas las etapas de la administración de la justicia penal”. La OMS insta a los gobiernos a aplicar estas medidas nombradamente a casos de “supuestos delincuentes y reclusos de perfiles de bajo riesgo y especialmente vulnerables, dando preferencia a las mujeres embarazadas y a las mujeres con hijos dependientes”.
En este mismo sentido, el Comité para la Prevención de la Tortura del Consejo de Europa (CPT), en su Declaración a los Estados miembros, urge también a realizar un “mayor uso de alternativas a la prisión preventiva, conmutación de sentencias, libertad anticipada y libertad condicional”.
Por otra parte, un nutrido grupo de asociaciones de defensa de los derechos de las personas presas de todo el estado español demandaron a ese ministerio, en escrito registrado el 16 de marzo, la adopción de medidas urgentes de asistencia médica para hacer frente a la emergencia sanitaria ocasionada por el Covid-19.
Recuerdan también estas asociaciones que la ausencia de medidas de asistencia sanitaria efectivas, incluida la práctica inexistencia de medios de protección contra el virus en el interior de las cárceles, viene acompañada de una injustificable restricción de los derechos de las personas privadas de libertad. La Orden INT/227/2020, adoptada por el Ministerio del Interior el 15 de marzo al abrigo del Real Decreto 463/2020, niega la posibilidad de mantener visitas presenciales y no contempla la posibilidad de poder comunicar con las familias por otros medios a pesar de las solicitudes cursadas en este sentido.
Una situación que genera, y no podría dejar de ser así, gran preocupación y angustia en las familias, tanto más cuando se sabe que fueron diagnosticados ya casos positivos en las cárceles.
En Galiza, que tengamos conocimiento, hay en estos momentos un caso en Bonxe y otros dos en la cárcel de A Lama.
Es por todo esto que, para garantizar la salud de las personas presas y el respeto a sus derechos básicos, urgimos al Ministerio del Interior a tomar de inmediato las medidas que reclaman la OMS, el CPT y numerosas asociaciones sociales del estado español.
a) Proporcionando a los presidios los medios materiales y humanos para evitar el contagio y atender a las personas que ya fueron infectadas;
b) Poniendo en libertad el mayor número de penadas y penados posible, ya sea por motivos humanitarios o por bajo perfil de riesgo, como ya hizo Irán, por ejemplo.
c) Facilitando las comunicaciones con las familias mediante la instalación de medios para poder comunicar mediante videoconferencia, como ya hizo Italia.
Lucía Barros Miñones (Presidenta de EsCULcA)
EsCULcA – Observatorio para a Defensa dos Direitos e Liberdades
https://esculca.gal/quen-somos/
Desde Cataluña queremos añadir nuestra aportación:
Sabemos que desde ayer, martes 24 de marzo, en las cárceles catalanas ya se ha iniciado el plan piloto que permite a lxs presxs realizar videollamadas con sus familiares; así como que se ha realizado un pedido de 230 teléfonos móviles para que estas videollamadas se puedan realizar asimismo por Whatsapp.
Hasta la fecha se han detectado cinco positivos por coronavirus entre los internos de las cárceles catalanas. De estos, tres están ingresados en el Hospital Penitenciario de Terrassa y los otros dos, en centros de la red pública de salud. También se han confirmado seis positivos entre los funcionarios.
En el resto de las cárceles españolas, los positivos confirmados eran 40 trabajadores penitenciarios y cuatro presos. Uno de estos últimos, una interna de la prisión de Estremera (Madrid), se ha convertido en el primer fallecido por la enfermedad entre la población reclusa. Además, hay en observación médica o cuarentena más de 225 funcionarios de prisiones y 125 reclusos.
Según fuentes de “El País”, en las cárceles de fuera de Cataluña, bajo gestión del Ministerio del Interior, también se está gestionando poner en marcha videollamadas entre los reclusos y sus familias.
Para acabar el artículo, os dejamos un enlace a una noticia dónde habla un médico de prisiones de Castilla y León y relata cómo vive la angustia de no tener la protección y los recursos que se prometen desde el Ministerio del Interior.
La crítica de este profesional y de sus compañeros es generosa. No les inquieta contagiarse ellos, sino introducir el virus en el penal: “Algunos tienen enfermedades delicadas, podrían producirse muchísimas bajas”.
¡Recordemos a lxs presxs que no están solos!
Animamos a escribir a lxs presxs (el correo aún funciona aunque Correos esté reduciendo su jornada laboral).
También es posible llamar y preguntar por ellxs:
